Maduro tenía que salir, sin matices ni excusas. Su permanencia fue sostenida por la represión, el empobrecimiento de su pueblo y la anulación sistemática de la democracia. Pero también es cierto que la diplomacia de los gobiernos de la región fue lenta, tibia e ineficaz, permitiendo que el desastre se prolongara hasta volverse irreversible.
Hoy Maduro ya no está, pero el daño es profundo y el tiempo perdido no se recupera. Ahora la única salida legítima es una transición pacífica, con garantías democráticas reales, para que Venezuela recupere su gobernabilidad sin caer en nuevas formas de sometimiento.
Las intenciones de Estados Unidos —y particularmente de figuras como Trump— nunca han sido desinteresadas. La historia es clara: “ayuda” a cambio de control sobre recursos estratégicos. América Latina ya pagó ese precio demasiadas veces como para fingir sorpresa.
Chile lo sabe mejor que nadie. Nuestra propia historia, marcada por la intervención extranjera y la dictadura de Pinochet, debería vacunarnos contra cualquier intento de relativizar autoritarismos según conveniencia ideológica. No hay dictaduras buenas ni golpes justificables.
Por eso, debemos ser coherentes: condenar a Maduro, a Trump cuando actúa como matón imperial, a Pinochet y a todos los dictadores, invasores y autoritarios, sin excepciones ni dobles estándares.
La salida no es cambiar un tutelaje por otro. Cada país debe resolver sus conflictos internos respetando la voluntad de su pueblo y el derecho internacional. Sin imposiciones, sin saqueos disfrazados de ayuda y sin silencios cómplices.